Que no llegue a la Asamblea

Pocas batallas ha ganado Campo Florido al poder. El abastecimiento de agua por tuberías no ha sido una de ellas. Los residentes en algunas de sus circunscripciones continúan esperando durante 15 y hasta 21 días porque el Consejo Popular les envíe alguna pipa salvadora que, casi siempre, se pierde misteriosamente por el camino el onceno día.

La reparación de las carreteras internas tampoco recibió el visto bueno gubernamental. Las angostas inversiones para este fin deben ser destinadas a lugares con peores condiciones. Tampoco ganaron la guerra por la iluminación en las calles, la venta de productos de primera necesidad en el Caserío de Guanabo o la entrada de una guagua más de dos veces al día al lejano pueblo de La Lima, donde viven más de 50 niños que deben recorrer diariamente casi 5 kilómetros a pie para tomar el ómnibus que les permita llegar a la escuela.

Los grupos electrógenos que afectan la salud de una comunidad de centenas de personas, incluyendo ancianos e infantes continúan encendidos día y noche para recordarles a los residentes del lugar que están predestinados a perder todas las demandas que pretendan realizar. La naturaleza parece haber olvidado también este pueblo. Las tierras esperan infructuosamente por un aguacero que salve los cultivos.

Pero Campo Florido ganó una batalla. Una pequeñísima gran batalla que aún, dos años después, todos celebran. Una victoria autogestionada, por cuenta propia, que recuerdan, sobre todo, dos veces al año, cuando se reúne la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Pocos pueblos de esta capital merecerán tanto pertenecer a La Habana como este pequeñísimo lugar de apenas 10.000 habitantes. Campo Florido ha sido el comodín de cada división político-administrativa. Sus residentes han pertenecido a Guanabacoa, San José de las Lajas y Habana del Este indistintamente en menos de 40 años. Durante la última división, Campo Florido sería enviado a la flamante provincia de Mayabeque.

La falta de agua, luz en las calles, guaguas y tiendas de venta de productos de primera necesidad era tolerable. Pero la imposición de un municipio, montañas mediante, no. Según las leyendas urbanas de aquellos valientes días, las cartas de la Asociación de Combatientes llegaron hasta altos niveles; los militantes del Partido pusieron sus carnets a disposición de aquellos que pedían un sacrificio más por la Revolución y los delegados de las 12 circunscripciones que componen este pueblo llegaron a la Asamblea Municipal con la certeza del no.

De nada sirvió el triunfalista discurso de la por entonces presidenta a la Asamblea Municipal o las patéticas muestras de cariño de delegados que no sabían lo que significaba dejar de pertenecer al municipio donde muchos habían nacido. Los procesos de negociación política en el espacio del municipio a veces pueden terminar en procesos muy burdos de presión e, incluso, de “sospecha ideológica”. Fue por eso que no pude asombrarme cuando la respuesta de la Secretaria General del Partido Comunista de Cuba en Habana del Este a mi cuestionamiento sobre el carácter “altamente impopular” y “antidemocrático” de una medida que no aceptaba ningún ciudadano del pueblo en cuestión fuera el recordatorio de la gratuidad de mi carrera de Periodismo.

Vi cómo eran ninguneados uno a uno los argumentos de los representantes de las doce circunscripciones de Campo Florido. El mítico número esta vez no iba a ser suficiente para “hacer la Revolución”. Después de tensas reuniones donde recibimos las más demagógicas de las propuestas a cambio de la aceptación de la nueva DPA y de la indignación de 10.000 ciudadanos se decidió sacar el proceso de reuniones cerradas y llevarlo a los espacios de discusión barriales.

Todas las reuniones fueron coordinadas en menos de 72 horas. Al menos dos diputados debían estar presentes para escuchar los criterios de los ciudadanos y un acta sería cuidadosamente levantada. El Partido velaría por el proceso y conduciría la reunión, para sorpresa de todos los delegados. Sin embargo, los argumentos del pueblo fueron interminables, enunciados históricos-sociales-económicos-políticos y culturales surgieron de cada espacio de debate. Hoy sigo recordando uno, el más demoledor de todos.

“Esta ley no puede llegar así a la Asamblea”.

Aquella noche fue un termómetro de la crisis de representatividad del parlamento cubano. La desaprobación por unanimidad de la inclusión de Campo Florido como parte de la nueva provincia Mayabeque debía ganarse allí, en aquel espacio sin agua, sin luz en las calles, sin guaguas y sin tiendas de venta de artículos de primera necesidad. Los diputados presentes intentaron soportar estoicamente aquel gesto masivo de desconfianza hacia su gestión legislativa.  Y una gran verdad corría de boca en boca, “si esto llega a la Asamblea, será aprobado por unanimidad, como todo”.

Sin financiamiento de la CIA o de la USAID comenzaron a aparecer misteriosos carteles por Campo Florido. Los mecanismos de presión hacia los tres delegados que aún permanecíamos firmes en la negativa se intensificaron. Las reuniones con los militantes del Partido se hicieron más frecuentes. Un día, apareció una guagua que nos llevó a una misteriosa reunión con la Secretaria General del Partido en La Habana y el entonces presidente de la Asamblea Provincial, entre otros funcionarios de distintas esferas.

Un documento que listaba todas las ventajas de pasar a la nueva provincia fue leído. “Ahora sí no queda nada que hacer”, pensé. Al final, una pequeña oración señalaba: “pero si aún después de todo lo enunciado, los residentes en Campo Florido insisten en pertenecer a la provincia de La Habana, será tenida en cuenta su decisión”.

Nuevamente todas las reuniones fueron coordinadas en menos de 72 horas. Esta vez, los delegados conducirían la cita. Nadie entendió ni una palabra de los catorce primeros párrafos del documento. Llegado el momento de votar, 10.000 habitantes levantaron su mano por el “No”. La nueva división político administrativa fue aprobada por unanimidad en el parlamento unos días después, sin Campo Florido en Mayabeque. Ante la mirada atónita de 10.000 ciudadanos, el presidente Raúl Castro le pidió a Lázara Mercedes López Acea que explicara los debates en Campo Florido como ejemplo de discusión democrática. López Acea titubeó.

Hace pocos días el parlamento cubano volvió a reunirse. Poco se mencionó sobre la esperada reforma migratoria. Los nuevos impuestos aduanales también pasaron sin penas ni glorias. Oportunamente, no le tocó al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones rendir cuentas sobre el estado de la millonaria inversión en el cable de fibra óptica que incrementaría el acceso a Internet en Cuba. Tampoco se habló una palabra de la doble moneda, o de los bajísimos e insultantes salarios que perciben los profesionales cubanos. Los entusiastas de Justin.tv no consideraron siquiera la opción de transmitir en vivo los debates de la Asamblea y tuvimos que quedarnos, en el mejor de los casos, con los angostos reportes de la prensa nacional.

Hace pocos días recordé aquellos momentos valientes de Campo Florido y la más lúcida de las decisiones de 10.000 habitantes que ni siquiera se pusieron de acuerdo entre sí: “las leyes que queremos no van a ser aprobadas en la Asamblea”.